Informa a los gobiernos que deben abstenerse de actuar de una manera que discrimine directa o indirectamente a individuos y proteger contra la discriminación de terceros. Recuerda mantener el acceso a mecanismos y recursos de rendición de cuentas en situaciones donde sus derechos han sido, o corren el riesgo de ser violados. Afirma que el uso del derecho penal para regular el
comportamiento y prevenir la transmisión de un virus es un enfoque severo y drástico al tratar de frenar la propagación del virus. Como se ha visto en la epidemia del VIH, el uso excesivo del derecho penal puede tener a menudo resultados negativos significativos tanto para el individuo como para la respuesta en su conjunto, pues las personas atrapadas en un enfoque penal o punitivo también suelen ser los miembros más vulnerables de la sociedad. Recuerda que las personas privadas de libertad tienen derecho a la salud y propone que se adopten medidas para reducir el hacinamiento mediante la liberación de prisioneros no peligrosos y la revisión de los casos de detención preventiva.