Cita Online: AR/DOC/760/2022.

El pasado 24 de diciembre de 2021, el Boletín Oficial publicó la ley 27.655 (1), cuyo objeto es enfatizar que las personas con discapacidad mental o intelectual tienen derecho a decidir acerca de métodos anticonceptivos que impliquen prácticas quirúrgicas sobre su propio cuerpo. Tal enunciación se formula, a través de una especie de aclaratoria sobre una norma previa, la ley 26.130 que, en rigor de verdad, no expresaba lo contrario. La ley 27.655 modifica a dos de los artículos que surgían de la anterior, sancionada quince años antes, en agosto del 2006. Sin dudas que en este lapso de tiempo se produjeron transformaciones en las leyes, así como también hubo avances en las ciencias médicas y en las costumbres sociales. En el año 2008, la República Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2), que promueve la mayor autonomía posible para las personas con discapacidad en general. Este tratado internacional de derechos humanos, en su art. 12, refiere al régimen de personalidad jurídica de quienes tienen deficiencias cognitivas o padecimientos mentales (discapacidad intelectual o mental). Se discute todavía si esta Convención contiene prescripciones que modifiquen al régimen de la capacidad de ejercicio, cuestión que divide a la doctrina civilista en nuestro país y en otras latitudes.

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